Washington, 21 dic (Prensa Latina) Rudy Giuliani, alguna vez respetado exalcalde de la ciudad estadounidense de Nueva York, se declaró hoy en quiebra tras un jurado ordenarle pagar 148 millones de dólares por difamación a dos trabajadoras electorales de Georgia.
Todo como consecuencia de la desafortunada decisión del abogado de, en su momento, embarcarse en la representación legal del expresidente Donald Trump en su intento por anular los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020.
La suma, reducida en un acuerdo posterior a 146 millones de dólares, tendría que saldarla inmediatamente a las demandantes Ruby Freeman y Shaye Moss, razón por la cual Giuliani hizo su declaración de quiebra en una corte neoyorquina.
Ambas, madre e hija, presentaron una demanda contra Giuliani después de que el exalcalde las acusara, sin pruebas, de manipular los resultados de las elecciones del 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden en ese estado.
La semana pasada se desarrolló el juicio civil en Washington, en el cual se determinó el monto por daños y perjuicios, porque una jueza dictaminó la culpabilidad de Giuliani en agosto.
El jurista en desgracia arrastraba problemas financieros, al punto que el propio Trump hizo en septiembre una cena de recuadación de fondos para ayudarlo.
Reportes de prensa dicen que todavía debe 230 mil dólares de una multa impuesta en agosto por este mismo caso.
En 2020, Guliani y la campaña de Trump publicaron un video de Freeman y Moss en un colegio electoral de Georgia y aseguraron, sin evidencia alguna, que las mujeres estaban sacando maletas llenas de votos.
En su montaña de problemas legales, Trump fue imputado en dos procesos judiciales, uno en un tribunal federal de Washington y otro en uno estatal de Georgia, por sus intentos de revertir los resultados de los comicios que perdió frente al demócrata Joe Biden.
Giuliani está enredado también en uno de esos casos, al tiempo que enfrenta 13 cargos estatales en una investigación que implica en total a 19 acusados en Georgia.
También un bufete de abogados que lo representó en los últimos años de investigaciones y querellas interpuso una demanda por más de 1,3 millones de dólares en honorarios legales por impagos de su cliente.